El secretario general del partido en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, no será expulsado de la formación política, al menos por ahora, a pesar de que su Código Ético establece la obligación de solicitar la baja voluntaria cuando se dicta auto de apertura de juicio oral contra un afiliado. Si no se cumple esta norma, el reglamento contempla la suspensión cautelar de militancia y, eventualmente, la expulsión. Sin embargo, el partido ha decidido aplazar cualquier medida hasta que se resuelvan los recursos pendientes relacionados con el caso.
Acusaciones contra Gallardo emergen de una pesquisa sobre la contratación del familiar del líder del Ejecutivo en la Diputación de Badajoz, un asunto relacionado con supuestos delitos de corrupción y abuso de poder. El Ministerio Público ha apelado la decisión de abrir juicio oral, señalando diferencias con los argumentos de la magistrada a cargo. Esta apelación, junto con otros procesos judiciales, podría cambiar el rumbo del caso, llegando incluso al cierre definitivo de las acusaciones.
El partido también se ampara en una modificación reciente de sus Estatutos, aprobada durante el último Congreso Federal. Este cambio permite excepciones a la aplicación del Código Ético cuando se considera que los procedimientos judiciales tienen finalidades políticas. Según la disposición transitoria sexta de los Estatutos, los implicados pueden solicitar que cualquier decisión disciplinaria se posponga hasta que exista una sentencia firme. Esta normativa ha servido como base para que Gallardo permanezca tanto en su cargo público como en su puesto dentro del partido, mientras continúa su defensa legal.
El Reglamento Moral del partido indica que los miembros deben ser suspendidos de forma automática al emitirse un auto de apertura de juicio oral por delitos vinculados a la corrupción. Desde un punto de vista legal, este auto se expide cuando la corte ve pruebas suficientes de un delito y una acusación oficializa la petición de juicio. A pesar de que el auto de apertura de juicio oral no permite apelación, el auto anterior que lo fundamenta sí lo permite. En esta situación, la Fiscalía y otras partes han presentado recursos que podrían resultar en el cierre del caso, lo que fortalecería la postura de Gallardo.
El caso también ha generado tensiones dentro del partido. Gallardo, quien asumió el liderazgo en Extremadura en 2024, no siempre ha estado alineado con la dirección nacional. Su postura crítica hacia ciertas políticas, como la amnistía, ha generado discrepancias con la cúpula del partido, que lo considera un líder difícil de manejar. Estas tensiones se intensificaron tras su imputación por presunta malversación de caudales públicos, un hecho que algunos interpretaron como una oportunidad para deslegitimarlo políticamente. A pesar de estos desafíos internos, Gallardo logró revalidar su liderazgo en las primarias con un amplio respaldo.
Por otro lado, el tema discutido presenta un contexto político claro para el grupo. Las primeras acusaciones fueron promovidas por entidades judiciales y políticas que tradicionalmente han estado en desacuerdo con el partido. Entre los actores involucrados en el asunto se hallan agrupaciones conservadoras y partidos rivales, quienes han utilizado la oportunidad para poner en duda la rectitud del líder extremeño.
