El líder de la principal fuerza opositora en España ha intensificado sus críticas hacia el Gobierno, centrando su señalamiento en la figura de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por el nombramiento y gestión del actual comisionado especial para la recuperación por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), Jorge Olcina. El dirigente conservador ha pedido que se asuman «responsabilidades políticas» al considerar que las explicaciones ofrecidas sobre el desempeño del comisionado son insuficientes y que su permanencia en el cargo daña la credibilidad de la estrategia de respuesta ante catástrofes climáticas.
El eje central de las quejas está en la presunta ineficacia y falta de dedicación del comisionado en el desempeño de sus responsabilidades. Se pone en duda, específicamente, la efectividad y supervisión de los proyectos de reconstrucción e inversión para las áreas afectadas por la DANA, sobre todo en la Comunidad Valenciana, Murcia y otras zonas del sureste de España. Las críticas se intensificaron después de que surgieran informes que revelan una limitada aplicación de los fondos asignados para reparar daños y fortalecer infraestructuras ante eventos meteorológicos extremos.
El líder de la oposición ha descrito la situación como «seria» y ha instado a la ministra Morant a que se exprese públicamente sobre si ve apropiado que Olcina continúe en su puesto. Según su opinión, los problemas identificados en la administración del comisionado son una responsabilidad directa del Gobierno, que lo nombró y ha apoyado su trabajo a pesar de las advertencias emitidas por varias administraciones locales y autonómicas. En este contexto, ha señalado que el Ejecutivo podría estar mostrando una «desconexión preocupante» con las necesidades de las comunidades afectadas.
Desde el Gobierno, sin embargo, se ha defendido la idoneidad del comisionado, alegando que su designación responde a criterios técnicos y no partidistas. Señalan que Olcina es un reconocido geógrafo con experiencia en climatología y riesgos naturales, y que su trabajo ha consistido, principalmente, en coordinar planes a largo plazo en colaboración con gobiernos regionales. También se ha destacado que el proceso de recuperación por catástrofes de esta magnitud requiere tiempo y planificación integral, y que no se puede evaluar su impacto de manera precipitada.
A pesar de estos argumentos, el partido opositor ha reiterado su intención de llevar el asunto al Congreso de los Diputados. Según anunciaron, se impulsarán iniciativas parlamentarias para que la ministra comparezca formalmente y rinda cuentas sobre la eficacia de la gestión del comisionado. Consideran que es fundamental garantizar transparencia, evaluar los resultados concretos alcanzados desde la creación de este cargo y esclarecer por qué no se han logrado avances tangibles en las zonas más golpeadas por la catástrofe climática de 2023.
Además, se presentan presiones de gobiernos regionales vinculados al partido conservador, los cuales han manifestado su descontento debido a la “carencia de comunicación efectiva” con el comisionado y por la limitada cantidad de recursos que se ha utilizado hasta ahora. Afirman que muchas de las promesas de reconstrucción y reducción de riesgos han permanecido como simples anuncios, sin convertirse en acciones concretas en el área afectada.
La controversia se produce además en un contexto político marcado por la creciente polarización en torno a temas climáticos y de gestión de recursos públicos. Mientras el Gobierno defiende su estrategia como una respuesta basada en la evidencia científica y la planificación técnica, la oposición insiste en que hay una clara negligencia administrativa que debe tener consecuencias políticas.
Este episodio se suma a una serie de tensiones entre el Ejecutivo central y los partidos de la oposición, que han convertido la gestión de emergencias en uno de los principales ejes de confrontación política. Aunque el Gobierno no ha dado señales de considerar la remoción del comisionado, el debate promete escalar en las próximas semanas, a medida que se acerquen nuevas comparecencias parlamentarias y se reactiven las discusiones sobre presupuestos destinados a la resiliencia climática.
