La Diputación de Valencia ha comenzado un proceso administrativo para confirmar la autenticidad de la titulación académica de una funcionaria que ha sido nombrada recientemente para un cargo directivo en la institución. Esta situación ha captado considerable atención pública porque la funcionaria es la esposa del actual comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, lo que ha aumentado el interés político y de los medios en torno al caso.
La designación de la funcionaria, quien tomó a su cargo una posición técnica y estratégica en la diputación, fue respaldada en un principio con la presunción de que cumplía con todos los requisitos demandados por la normativa actual para dichos puestos. No obstante, al descubrirse algunas discrepancias en la documentación presentada, se inició formalmente un expediente para verificar si sus credenciales educativas coinciden verdaderamente con las demandas del puesto.
Fuentes internas aseguran que la revisión no implica una acusación directa ni prejuzga la legalidad del proceso de selección, sino que forma parte de los mecanismos habituales de control que deben activarse ante cualquier duda sobre los requisitos formales en procesos de designación de altos cargos. No obstante, la vinculación familiar con una figura de relevancia nacional ha añadido un matiz político al asunto, que ya comienza a ser aprovechado por la oposición para cuestionar los criterios de selección del actual equipo de gobierno provincial.
El puesto directivo al que accedió la funcionaria exige, según el reglamento interno de la administración provincial, una formación académica específica y acreditada, habitualmente en ramas como ingeniería, arquitectura, derecho o administración pública, así como experiencia comprobada en gestión técnica o institucional. El expediente busca establecer si la titulación presentada corresponde efectivamente a una carrera homologada en el sistema universitario nacional y si se ajusta a las condiciones requeridas.
En paralelo, distintos grupos políticos han solicitado que se publique un informe detallado del proceso de contratación, así como las actas de la comisión evaluadora que respaldó el nombramiento. Algunos portavoces han señalado que este caso debe ser examinado con total transparencia para evitar la percepción de favoritismo o tráfico de influencias en la designación de personal de alto nivel dentro de las estructuras públicas.
Desde la dirección de la Diputación se ha indicado que el inicio del expediente no debe ser visto como un castigo, sino como un proceso de revisión objetiva y estándar. Se ha subrayado que toda persona que alcance un cargo de responsabilidad debe acatar rigurosamente los requisitos establecidos y que se procederá con absoluta neutralidad en la determinación del asunto.
Por su parte, el comisionado del Gobierno, esposo de la funcionaria, ha evitado pronunciarse públicamente sobre el tema. Aunque no ha sido mencionado directamente en el expediente ni forma parte del organigrama de la Diputación, su parentesco ha contribuido a generar un mayor interés sobre el caso y ha reactivado el debate sobre la necesidad de blindar las instituciones ante posibles conflictos de interés.
Organizaciones ciudadanas y sindicatos han coincidido en la necesidad de reforzar los sistemas de control y transparencia en los procesos de selección de personal en las administraciones públicas. Algunos sectores han pedido incluso una revisión integral de todos los nombramientos recientes para garantizar que se han respetado criterios meritocráticos, alejados de posibles vínculos políticos o personales.
El expediente sigue su curso y se espera que en las próximas semanas se conozca una resolución preliminar. Mientras tanto, el caso se ha convertido en un nuevo punto de fricción en la política valenciana, en un contexto en el que los partidos ya se preparan para un posible adelanto electoral. En este escenario, cada controversia institucional adquiere una dimensión estratégica que va más allá de los aspectos administrativos.
