En un escenario caracterizado por el envejecimiento de la población y los retos estructurales en el ámbito laboral, se ha exhortado a España a implementar acciones específicas para garantizar un crecimiento económico duradero. Entre las sugerencias más destacadas, se encuentra la promoción de una política de migración más dinámica y la integración de empleados mayores en el mercado laboral, como tácticas esenciales para mitigar la reducción de la fuerza laboral.
España enfrenta una presión creciente sobre su economía como resultado de una transición demográfica acelerada. La baja natalidad, combinada con el aumento en la esperanza de vida, ha llevado a una disminución del número de personas en edad de trabajar, mientras que la proporción de adultos mayores continúa creciendo. Esta dinámica representa un desafío directo para la sostenibilidad del sistema de pensiones, la productividad y la competitividad a largo plazo.
En vista de esta situación, se ha indicado que la nación necesita estar lista para enfrentar una «falta estructural de trabajadores», que ya aparece en distintos sectores productivos, como la edificación, la agricultura, los servicios sanitarios y la tecnología. Para reducir este inconveniente, se sugiere simplificar el ingreso de empleados extranjeros capacitados y no capacitados, mediante mecanismos que controlen eficientemente los flujos migratorios y aumenten la integración laboral y social de los nuevos llegados.
La inmigración se percibe no solo como una solución demográfica, sino también como un elemento positivo para el desarrollo económico, la innovación y el equilibrio entre generaciones. Las sugerencias subrayan la importancia de eliminar barreras administrativas que impidan la integración de talento del extranjero, además de fortalecer políticas de capacitación y validación de habilidades para que los inmigrantes puedan acceder de manera rápida a trabajos formales y especializados.
En paralelo, se subraya la importancia de aprovechar mejor el potencial de los trabajadores de mayor edad. Actualmente, la tasa de empleo entre las personas mayores de 55 años en España se sitúa por debajo del promedio de otras economías avanzadas. Se sugiere revisar los incentivos laborales y fiscales que desincentivan la permanencia en el empleo, y fomentar programas de recualificación que permitan a esta población adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas demandas del mercado.
También se aboga por la implementación de políticas activas de empleo dirigidas a mujeres, jóvenes y otros grupos con baja participación laboral, de forma que se amplíe la base de contribuyentes y se reduzca la dependencia del Estado en el futuro. El fortalecimiento del sistema educativo, la formación profesional y la conciliación laboral-familiar son elementos considerados fundamentales para lograr este objetivo.
Otro aspecto señalado es la necesidad de mejorar la productividad del trabajo, que en España ha mostrado un crecimiento moderado en comparación con otras economías europeas. Para ello, se propone invertir en innovación, digitalización, infraestructura y mejorar el clima de negocios. El fortalecimiento de las pymes y la reducción de la precariedad laboral también se contemplan como líneas de acción prioritarias.
Las advertencias llegan en un momento en que el país busca consolidar su recuperación económica tras los efectos de la pandemia, la inflación y las tensiones geopolíticas globales. Si bien se reconocen los avances logrados en términos de empleo en los últimos años, se considera que el entorno demográfico actual exige una visión estratégica de largo plazo que combine reformas estructurales, inversión pública y mayor cohesión social.
El diálogo sobre la manera de garantizar el desarrollo económico en una sociedad que está envejeciendo se vuelve más apremiante. La urgencia de implementar medidas proactivas que fomenten la inmigración controlada, el envejecimiento saludable y la integración laboral de manera amplia se presenta como un plan esencial para que España pueda afrontar exitosamente los retos futuros.
