El mundo enfrenta una cuenta regresiva climática que ya no admite dilaciones. A una década del Acuerdo de París, los compromisos, los avances y las brechas se miden no en discursos, sino en grados de temperatura, impactos reales y decisiones que marcarán el futuro de las próximas generaciones.
En 2015, casi doscientos países acordaron un marco común para enfrentar la mayor amenaza ambiental de la era moderna: el cambio climático. El Acuerdo de París estableció como objetivo central limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales, una cifra que, más que un número técnico, representaba una línea de defensa para la estabilidad de los ecosistemas, las economías y la vida humana. Diez años después, esa meta sigue siendo el principal referente, pero el contexto es más urgente y desafiante. Las proyecciones actuales indican que, con los compromisos vigentes, el planeta se encamina a un aumento de entre 2,6 y 3,1 °C, un escenario que multiplicaría los riesgos climáticos, sociales y económicos a escala global.
El año 2024 marcó un punto de inflexión simbólico y alarmante: por primera vez, la temperatura media anual del planeta superó el umbral de 1,5 °C. Este hito no implica que el objetivo esté definitivamente perdido, pero sí confirma que la ventana de acción se estrecha rápidamente. El mensaje es inequívoco: la acción climática dejó de ser una aspiración estratégica para convertirse en una urgencia estructural que atraviesa todas las dimensiones del desarrollo.
El Acuerdo de París como guía en un entorno cada vez más volátil
El significado del Acuerdo de París va más allá de fijar cifras, ya que logró trazar una orientación conjunta dentro de un escenario internacional disperso. Por primera vez, tanto las naciones desarrolladas como las que están en desarrollo aceptaron obligaciones climáticas bajo un mismo marco, acompañado de evaluaciones periódicas y de un principio de mejora continua que exige incrementar la ambición con el paso del tiempo.
Aunque se han anunciado numerosos compromisos, la distancia entre esas promesas y las reducciones reales de emisiones continúa siendo amplia. La economía mundial sigue fuertemente anclada a los combustibles fósiles, y los conflictos geopolíticos, las fricciones comerciales y diversas crisis energéticas han puesto en entredicho la coherencia de las políticas climáticas en numerosas regiones. En este escenario, honrar el espíritu del Acuerdo de París demanda mucho más que simples planes nacionales: se necesita una voluntad política constante, avances tecnológicos, financiamiento suficiente y la implicación activa de actores no estatales, en especial del sector privado y de la sociedad civil.
A diez años de su firma, el Acuerdo de París continúa siendo la guía que marca el rumbo de la acción climática mundial, aunque por sí mismo no asegura alcanzar la meta; la rapidez y coherencia del trayecto dependen de las decisiones que se adopten ahora, sobre todo en esta década decisiva.
Chile ante el reto mundial: progresos tangibles y un liderazgo destacado en la región
Desde su realidad geográfica y económica, Chile ha buscado posicionarse como un actor relevante en la acción climática, tanto a nivel regional como internacional. Desde 2015, el país ha experimentado una transformación profunda en su matriz energética, impulsada por una combinación de políticas públicas, inversión privada y condiciones naturales favorables.
La inversión en energías renovables se multiplicó por diez en menos de una década, permitiendo que hoy más del 60 % de la electricidad provenga de fuentes limpias. La expansión de la energía solar en el norte del país y el desarrollo de parques eólicos a lo largo del territorio han consolidado a Chile como uno de los mercados más dinámicos en transición energética en América Latina. A ello se suma el posicionamiento temprano en la industria del hidrógeno verde, con proyectos que apuntan a convertir al país en un proveedor estratégico de combustibles limpios para la descarbonización global.
Estos avances no son casuales. La promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático en 2022 marcó un hito institucional al establecer la carbono-neutralidad al año 2050 como un mandato de Estado, trascendiendo los ciclos políticos. Asimismo, la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en 2020 fijó metas claras de reducción de emisiones de CO₂ al 2030, reforzando la señal de largo plazo para inversionistas y actores económicos.
El reverso de la crisis: efectos climáticos y la urgencia de adaptarse
Pese a los avances en mitigación, la realidad climática ya se manifiesta con fuerza en el territorio chileno. La sequía prolongada afecta a cerca del 80 % del país, alterando la disponibilidad de agua para consumo humano, agricultura, industria y ecosistemas. Los incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos, evidencian la vulnerabilidad de los paisajes y comunidades frente a eventos extremos que se ven exacerbados por el cambio climático.
Estos impactos han puesto en el centro del debate la necesidad de avanzar con la misma determinación en adaptación y resiliencia. Reducir emisiones es indispensable, pero no suficiente. Las políticas climáticas deben anticipar riesgos, fortalecer capacidades locales y proteger a los sectores más expuestos, especialmente comunidades rurales, pueblos originarios y grupos socioeconómicos vulnerables.
En este contexto, la actualización de la NDC presentada por Chile en la COP30 representó un paso relevante. El nuevo marco para el periodo 2025-2035 elevó la ambición climática e incorporó de manera más robusta la adaptación, la resiliencia y la justicia social como ejes centrales de la acción climática. Este enfoque reconoce que la transición no puede ser únicamente tecnológica, sino también social y territorial.
Una transición equitativa y recursos económicos para impulsar el cambio
Uno de los aspectos más significativos de la actualización de la NDC chilena es la inclusión explícita de criterios vinculados a una transición justa, lo que supone admitir que la descarbonización provoca efectos distintos en trabajadores, comunidades y ramas productivas, y que esos efectos requieren ser abordados con anticipación y mediante procesos participativos.
La transición justa busca asegurar que nadie quede atrás en el proceso de transformación, promoviendo la reconversión laboral, el desarrollo de nuevas capacidades y la participación activa de los territorios en la toma de decisiones. Este enfoque es clave para sostener la legitimidad social de la acción climática y evitar que las políticas ambientales profundicen desigualdades existentes.
Junto con ello, Chile ha avanzado en la adopción de instrumentos económicos que refuercen las señales del mercado. El fortalecimiento del impuesto verde y la incorporación del precio social del carbono buscan que se internalicen los costos ambientales de las emisiones, alentando decisiones de inversión más coherentes con los objetivos climáticos. Bien concebidas, estas herramientas pueden impulsar la transición y, al mismo tiempo, generar recursos para financiar acciones de adaptación y apoyo social.
El rol de las empresas en la acción climática
El cumplimiento del Acuerdo de París no recae únicamente en los Estados, ya que las empresas desempeñan un rol crucial por su impacto en las emisiones y por la capacidad que tienen para innovar, invertir y transformar sus modelos productivos; en los últimos años, numerosas organizaciones han adoptado compromisos climáticos voluntarios, pero el reto vigente consiste en convertir esas promesas en estrategias concretas, medibles y sujetas a verificación.
La adopción de metas basadas en ciencia, la transparencia en los reportes de emisiones y la integración de la gestión de riesgos climáticos en la estrategia corporativa son pasos fundamentales para avanzar en esta dirección. Asimismo, la resiliencia empresarial frente a eventos climáticos extremos se ha convertido en un factor clave de competitividad y continuidad operacional.
En Chile, el trabajo articulado entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil ha permitido avanzar en este ámbito, pero aún existen brechas importantes. Pasar del compromiso a la implementación requiere capacidades técnicas, financiamiento y una visión de largo plazo que integre a colaboradores, proveedores y comunidades.
Innovación, involucramiento y responsabilidad social compartida
La magnitud del desafío climático exige una transformación profunda de los modelos de desarrollo. Innovar no solo en tecnologías limpias, sino también en gobernanza, financiamiento y participación ciudadana, es indispensable para acelerar el cambio. La acción climática efectiva se construye desde múltiples niveles, combinando políticas nacionales con iniciativas locales y esfuerzos individuales.
La participación ciudadana cumple un rol central en este proceso. Informar, educar y empoderar a la población permite generar una base social que respalde las decisiones difíciles que implica la transición, desde cambios en los patrones de consumo hasta reformas estructurales en sectores clave de la economía. Sin este respaldo, las políticas climáticas corren el riesgo de perder continuidad o efectividad.
De igual modo, la colaboración internacional continúa siendo un elemento esencial, ya que el intercambio de aprendizajes, la difusión de tecnologías y la canalización de financiamiento climático hacia los países en desarrollo constituyen requisitos indispensables para mantener viable la meta global de 1,5 °C.
Una década decisiva para Chile y el mundo
A diez años del Acuerdo de París, Chile se encuentra en una posición estratégica. Los avances logrados en transición energética, institucionalidad climática y liderazgo regional ofrecen una base sólida para profundizar la acción en la próxima década. Sin embargo, el margen de error es mínimo. La ciencia es clara en señalar que las decisiones que se tomen entre ahora y 2035 definirán el rumbo climático del siglo.
No basta con asumir compromisos ni destacarse en métricas aisladas; el verdadero reto consiste en cumplir, ampliar y acelerar. Convertir las promesas en acciones tangibles, cuantificables y verificables es la única vía para respetar el espíritu del Acuerdo de París y salvaguardar el bienestar de las generaciones venideras.
La década que se inicia quedará marcada como el punto en que la humanidad decidió, o no, modificar su trayectoria. Para Chile, la posibilidad resulta evidente: encabezar en América Latina una transición justa, resiliente y regenerativa que disminuya las emisiones, consolide el tejido social y abra nuevas oportunidades económicas. El porvenir climático no se define con declaraciones, sino mediante decisiones adoptadas hoy con urgencia, coherencia y perspectiva de largo alcance.
