Durante el cierre del Gobierno federal de EE.UU., miles de trabajadores se enfrentan a la incertidumbre sobre sus ingresos, mientras otros siguen cobrando sin interrupción.
En momentos de transición política y financiera, el cierre temporal de las agencias federales plantea un desafío significativo para numerosos empleados públicos. Aunque algunos recibirán su pago en tiempo y forma, otros se encontrarán en una situación más compleja. A continuación, exploraremos quiénes están autorizados a cobrar y quiénes no durante este tipo de contingencias, aportando claridad sobre un tema que afecta tanto a las familias como a la economía en general.
¿Qué personas continúan recibiendo su pago durante el período de cierre?
Los trabajadores considerados “esenciales” o “exentos” continúan prestando servicios durante un cierre del Gobierno federal y, por lo tanto, siguen recibiendo sus pagos. Estas personas trabajan en áreas críticas como seguridad nacional, salud pública, control de desastres, gestión de fronteras y otras funciones que no pueden interrumpirse sin riesgo para la sociedad. Por ejemplo, agentes de la patrulla fronteriza, empleados de hospitales militares y personal de monitoreo de pandemias entran en esta categoría. Su labor se considera indispensable y se les exige presentarse incluso cuando no hay presupuesto aprobado para su agencia.
Además, los contratistas federales que prestan servicios esenciales pueden también estar en la lista de quienes siguen cobrando, siempre que su trabajo esté incluido en el contrato bajo condiciones de emergencia o continuidad operativa. En estos casos se garantiza el pago inmediato, sin esperar a que se restablezca el presupuesto.
¿Qué sucede con los empleados “no esenciales”?
A diferencia de los considerados esenciales, los trabajadores federales que desempeñan funciones no críticas, denominados “no esenciales” o “no exentos”, pueden ser suspendidos temporalmente (furloughed) durante un cierre. En esa condición, su salario se detiene hasta que se restablezca el financiamiento de su agencia. Por ejemplo, empleados de oficinas administrativas que no tienen contacto directo con emergencias o servicios vitales suelen quedar en esta situación.
Durante el tiempo que permanecen en suspensión, esos trabajadores no realizan actividades laborales, aunque muchas veces continúan contando como “empleados” a efectos legales. No reciben pago por horas no trabajadas, y la reanudación de su salario depende de que el Congreso autorice nuevamente el financiamiento. Algunas veces han existido aprobaciones retroactivas del salario, pero eso no se garantiza ni es automático.
¿Qué sucede con los contratistas que no son esenciales?
Aquellos contratistas que no proveen servicios fundamentales se encuentran en una posición de mayor riesgo. En caso de que la entidad federal para la cual laboran carezca de fondos, su acuerdo contractual podría suspenderse. A pesar de la existencia de procedimientos que posibilitan a algunos obtener un pago retroactivo una vez que se reanude la financiación, la percepción de un cobro inmediato no está garantizada. Consecuentemente, su panorama es más incierto en comparación con el de los trabajadores federales directos catalogados como “esenciales”.
Consecuencias económicas y personales del cese de actividades
Un cierre gubernamental no solo detiene la labor de ciertas agencias, sino que también genera repercusiones directas en los hogares de trabajadores, en las comunidades donde se prestan los servicios y en la economía nacional. Para los empleados que corrigen su salario sin interrupción, la continuidad implica tranquilidad financiera. Sin embargo, para aquellos en suspensión, la falta de ingresos puede derivar en presiones para cumplir con hipotecas, pagos de auto, educación o atención médica.
Las empresas que dependen del gasto federal —por ejemplo, en zonas donde el Gobierno es un empleador importante— también sufren al disminuir drásticamente el poder adquisitivo de los trabajadores suspendidos. Esto puede generar una cadena de efectos: menos consumo, menor actividad comercial, retrasos en proyectos claves, y un impacto macroeconómico que puede crecer si el cierre se prolonga.
Consideraciones adicionales y como prepararse
Frente a la eventualidad de un cierre, tanto trabajadores como contratistas y sus familias pueden tomar medidas preventivas para reducir sus efectos. Disponer de un fondo de contingencia que cubra entre tres y seis meses de gastos es fundamental. Es importante examinar los acuerdos de servicio para determinar si la labor se considera esencial, lo que podría influir en la continuidad de los ingresos. Además, seguir de cerca las resoluciones del Congreso y del Ejecutivo en materia de financiación es crucial para prever una pronta reactivación de los pagos o la implementación de ayudas con carácter retroactivo.
