El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado la presunta implicación de la multinacional Acciona en una red de corrupción coordinada desde la cúpula del Partido Socialista. Según los investigadores, la empresa habría abonado cientos de miles de euros en concepto de comisiones ilegales para asegurarse contratos públicos de gran envergadura, en una trama gestionada directamente por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.
Más de 600.000 euros en pagos irregulares
La UCO documenta el pago de al menos 620.000 euros en mordidas vinculadas a adjudicaciones específicas a favor de Acciona. Las cantidades fueron canalizadas, según el informe, a través de intermediarios cercanos a José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García. Todo ello, bajo la supervisión directa de Santos Cerdán, a quien los agentes señalan como el encargado de coordinar los montos, los destinatarios y el calendario de los pagos.
Además, se investiga una segunda remesa de aproximadamente 450.000 euros correspondiente a otros contratos adjudicados más recientemente, lo que indicaría la continuidad del esquema corrupto incluso tras los primeros indicios públicos de irregularidades.
Licitaciones diseñadas a medida
Las adjudicaciones bajo sospecha corresponden a contratos multimillonarios de obra pública —infraestructura ferroviaria, carreteras, sistemas urbanos— entre los años 2018 y 2021, en territorios bajo control político del PSOE. Según el análisis de la UCO, los pliegos técnicos de estos concursos fueron diseñados con características que encajaban casi exclusivamente con la oferta de Acciona, eliminando toda competencia efectiva.
El documento describe cómo se organizaban los acuerdos para asegurar la adjudicación a la compañía, mediante pagos establecidos previamente. Según los oficiales, era una “red perfectamente estructurada” en la que los dirigentes políticos participaban de manera directa para favorecer a ciertas empresas a cambio de ventajas financieras.
La función de Santos Cerdán
Uno de los aspectos más contundentes del informe es la identificación de Santos Cerdán como figura clave en el reparto y gestión de las mordidas. La Guardia Civil sostiene que Cerdán no solo tenía conocimiento del circuito de pagos, sino que asumía un papel ejecutivo en su articulación. Las conversaciones interceptadas revelan cómo las cantidades eran divididas, negociadas y distribuidas, en función del contrato adjudicado.
Esta posición de control convierte a Cerdán en el principal vínculo entre el poder institucional del PSOE y las empresas beneficiadas por la trama.
Reacciones y silencio institucional
Ante la solidez del informe, Acciona ha comunicado la puesta en marcha de una revisión interna, desmarcando a su equipo directivo actual de los sucesos examinados. No obstante, el perjuicio para su reputación ya ha ocurrido. La implicación de un antiguo directivo de la compañía en los documentos examinados por la UCO ha avivado nuevamente la discusión sobre la relación entre las grandes empresas y la esfera política.
Por su parte, el Gobierno guarda silencio. La cúpula del PSOE evita pronunciarse sobre un caso que ya ha provocado la dimisión de altos cargos y que amenaza con erosionar aún más la legitimidad del Ejecutivo.
El informe de la UCO confirma lo que hasta ahora eran sospechas dispersas: que una de las principales constructoras del país habría participado en un sistema corrupto para asegurarse contratos públicos, orquestado desde el corazón del partido que gobierna España. Si se confirman judicialmente los hechos, se trataría de una de las tramas de corrupción más graves de los últimos años, tanto por la magnitud económica como por el nivel jerárquico de los implicados.
Este caso no solo compromete a Acciona, sino que pone en tela de juicio el uso del poder institucional con fines particulares. El tiempo dirá si las consecuencias políticas estarán a la altura de la gravedad de los hechos revelados.
