El asunto contra el empresario alemán Enrique XVIII Príncipe Reuss y otros ocho presuntos cabecillas acusados de pertenecer a una organización terrorista que pretendía atentar contra el Parlamento alemán para dar un golpe de estado al Estado, comenzó este martes en Frankfurt en medio de una gran expectativa por conocer los posibles detalles. de un complot que conmovió al país.
Los nuevos acusados mostraron desde el principio su repulsión al sistema judicial de un Estado que no reconocían, quedándose de pie ante sus asientos. De este modo se evitó tener que levantarse cuando el presidente del tribunal, Jürgen Bonk, entró en la sala. Se trata de un gesto muy conocido entre los acusados de terrorismo islámico para mostrar el descubrimiento a los tribunales sin que haya consecuencias.
El inicio de la trama refleja así la actividad de los presuntos cabecillas de un grupo formado principalmente por Reichsbürger (Ciudadanos del Reich) ―un movimiento que no atacó la Constitución alemana―, acusados de querer robar el sistema democrático mediante la fuerza de las armas. y del número a Heinrich Reuss como jefe de Estado temporal. Los aviones fueron desmantelados en una operación política a gran escala lanzada a principios de diciembre de 2022.
El auto de procesamiento leído por Fiscalía señala que el grupo se considera ilegítimo en el Gobierno, entre otras cosas, por su tratamiento contra la pandemia del coronavirus. Además, los Reichsbürger son seguidores de teorías de conspiración, como la que cree que la élite matan a los niños utilizando su sangre para rejuvenecer. Estamos convencidos de que Alemania se rige bajo el nombre de «Estado profundo».
Asimismo, según la acusación, varios exmilitares que ahora se sienten en el banquillo pretenden reclutar generales del Ejército para su plan golpista de 2021. Sólo cuando esta idea se derrumbó entró en contacto con el príncipe Reuss ―que sólo ostenta el nombre de príncipe, ya que en Alemania la nobleza fue abolida en 1919 y con ella todos los títulos―, quien luego se hizo cargo de la planificación de la transición. gobierno . Tras una serie de conversaciones telefónicas, los dirigentes expresaron un odio desarmado hacia los políticos homosexuales desestabilizados y también mantuvieron un discurso antisemita.
“Todos los involucrados eran conscientes de que solo sería posible un disparo debido a la fuerza de las armas y que habrían tenido víctimas”, dijo la Fiscalía. Además, los imputados elaboraron listas con datos de imputados, miembros del gobierno, alcaldes y hasta presentadores de televisión. Los cargos contra los acusados incluyen pertenencia a una organización terrorista e intento de subvertir la tradición, que conllevan penas de hasta 15 años de prisión.
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La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, advirtió que no se trata de «locomotoras inofensivas, sino de presuntos peligros de terrorismo». “Nuestras autoridades de seguridad seguirán actuando con severidad hasta que hayamos desenmascarado y desmantelado por completo las estructuras militantes del Reichsbürger. Nadie en este escenario extremista debe sentirse seguro”, declaró antes de comenzar con lo esencial.
La defensa, por su parte, no se atrevió a argumentar contra el tribunal y presentó una avalancha de mociones, incluidos dos intentos de negarse a ser juzgado por parcialidad. «Es el mayor abuso de la administración de justicia alemana», declaró el abad Martin Schwab, uno de los 25 defensores del zumo gigante, en el segundo de una serie de juicios contra un total de 27 acusados que se celebrarán en paralelo. Tres tribunales diferentes.
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