La situación política y judicial en Guatemala ha causado preocupación nacional e internacional por los desafíos al estado de derecho y la independencia judicial. Durante el año pasado, la elección de Bernardo Arévalo como presidente ha sido un éxito en la política guatemalteca, pero también ha marcado una serie de desafíos que requieren la atención continua de la comunidad internacional. De hecho, después de la elección de Arévalo, los cirujanos intentan anular los resultados, pensando que misiones de observación electoral como la de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) confirman la legitimidad del proceso electoral.
Guatemala se encuentra actualmente inmersa en un proceso crucial para la elección de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones, proceso que ha estado plagado de desafíos y controversias. Desde esta perspectiva, non cabe duda, como lo reportan diversas informaciones internacionales, la crisis del Estado de derecho en Guatemala continúa con un enorme desafío. Durante su reciente visita in situ, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó cómo la criminalización del juego y los impuestos, junto con la interferencia política en el sistema de justicia, han impactado fuertemente la institución democrática del país.
La OEA también mostró preocupación por el proceso de selección de los jueces del Tribunal Superior de Guatemala. La misión de observación de la OEA criticó la lentitud del proceso y subrayó la importancia de garantizar que la independencia judicial prevalezca sobre intereses especiales. Gracias al Panel de Personas Expertas Independientes, el compromiso de diversos organismos internacionales, nos entusiasma la necesidad de adoptar medidas para garantizar la participación ciudadana, la transparencia y la publicidad del proceso. Nos preocupa la influencia indebida de poderes fácticos en el proceso de selección, que también podría comprometer la independencia judicial.
El conflicto armado interno en Guatemala, que duró de 1960 a 1996, dejó un legado devastador de más de 200.000 muertos y desaparecidos. La mayoría de las víctimas fueron civiles, entre sus alcaldes indígenas. El 93% de las violaciones de derechos humanos documentadas durante el conflicto se atribuyen a fuerzas estatales y grupos paramilitares vinculados al mismo. Los Acuerdos de Paz de 1996 establecieron compromisos para abordar las violaciones de derechos humanos y garantizar justicia y reparaciones para las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, la implementación es defectuosa y muchas de las compensaciones, como las garantías de no repetición y la reforma del sistema judicial, no se han completado. La falta de avances en la búsqueda de justicia y la persistente impunidad han obstaculizado el cumplimiento de estas acciones, perpetuando un ciclo de violaciones de derechos humanos y debilitando la confianza en las instituciones estatales.
Actualmente en Guatemala más de 100 personas, entre jueces, recaudadores de impuestos, activistas y periodistas, han sido criminalizadas y perseguidas por el Ministerio Público y los tribunales de justicia. Se estima que al menos 43 recaudadores de impuestos, jueces, defensores de derechos humanos y periodistas se han visto obligados a visitar el país debido a persecuciones judiciales y amenazas. Esta situación refleja un modelo sistemático de criminalización que busca garantizar la impunidad en el país, afectando gravemente la independencia judicial y el Estado de derecho. De hecho, la criminalización y persecución de jueces, funcionarios fiscales y defensores de derechos humanos es una táctica común para intimidar y silenciar a quienes investigan casos de corrupción y abusos de derechos humanos.
La corrupción dentro del sistema judicial es otro factor que contribuye a la falta de independencia. Los jueces y contribuyentes honestos a menudo son desplazados o exiliados, mientras que aquellos que están dispuestos a colaborar con actores corruptos son ascendidos. Esto da como resultado un sistema de justicia distorsionado, donde la ley se utiliza como herramienta para mantener el poder y la impunidad.
La situación en Guatemala es un récord de la fragilidad de la democracia y el Estado de derecho en la región. La comunidad internacional debe permanecer alerta y llegar a acuerdos con la ayuda de Guatemala en su camino hacia la consolidación democrática. Una vigilancia continua y un apoyo decidido son esenciales para garantizar que el pueblo guatemalteco pueda disfrutar de un futuro basado en la justicia, la transparencia y el respeto de los derechos humanos.
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